Discriminación y exclusión de la participación política y la justicia

Discriminación y exclusión de la participación política y la

justicia

La falta de participación y representación políticas de los pueblos indígenas también es parte de la dinámica excluyente que margina a indígenas, afrolatinos y afrocaribeños de los procesos del desarrollo. Los movimientos sociales y las demandas políticas de las organizaciones indígenas han mostrado, en las últimas décadas, la necesidad de que los Estados realicen profundas reformas en el plano de la participación y representación políticas para que estos grupos sean reconocidos como elementos claves de la ciudadanía, la integración y la cohesión social, la gobernabilidad y la estabilidad democráticas de los países de América Latina y el Caribe.

En Bolivia, donde el 60% de la población es indígena, se han realizado esfuerzos por llevar a la práctica los compromisos adquiridos por el país en materia de reconocimiento de los derechos políticos, sociales y culturales de las poblaciones indígenas. Un ejemplo de ello fue la promulgación de la Ley de Participación Popular durante el período presidencial pasado (1993-97), que reconoce a las organizaciones tradicionales de los pueblos indígenas como base para el funcionamiento de una gran cantidad de municipios, si bien su materialización es incipiente.

En Ecuador, durante los últimos años, la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) ha tenido un protagonismo político creciente, ha propuesto el proyecto de Ley sobre Nacionalidades Indígenas, y ha participado en la discusión de la Ley de Desarrollo y en el marco global de estrategias y políticas del Estado dirigidas a los pueblos y nacionalidades indígenas. En el mismo campo, miembros de la organización Pachakuti han ocupado altos cargos a nivel nacional, como Nina Pacari, segunda vicepresidenta del Congreso Nacional y José María Cabascango, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Pese a los avances, las organizaciones reclaman que su participación en instancias de poder y en cargos de representación es claramente insuficiente si se compara con el tamaño de la población y el nivel de organización que poseen.

La demanda de participación política de los pueblos indígenas es uno de los factores clave, sobre todo en países y zonas donde la población indígena es mayor. El conflicto de Chiapas, las movilizaciones en Ecuador durante enero de 2000 y los conflictos en tierras mapuches en Chile muestran que existe una creciente demanda indígena por influir en la toma de decisiones.

En cuanto al acceso a la justicia, un informe de la CIDH (1997) muestra que en Ecuador, por ejemplo, existen frecuente quejas referidas al trato que se da a los habitantes indígenas dentro del sistema judicial. Según la información recogida entre representantes indígenas de las comunidades, los procesos legales no contemplan los sistemas y tradiciones legales propios de los pueblos indígenas. Los representantes indígenas señalaron a la Comisión que los procesos contra indígenas se realizan en lengua española sin que se ofrezca servicio de traducción a aquellos que sólo hablan la lengua nativa (CIDH, Informe sobre Ecuador, 1997).